SEP ordena cierre de academia militarizada en Puebla
Refuerzan la regulación en instituciones
particulares del país
Protección Escolar- Puebla. 31 -julio- 2026. La Secretaría de Educación Pública federal determinó suspender las actividades de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, ubicada en la ciudad de Puebla, e impidió su operación para el ciclo escolar 2026-2027.
La medida administrativa se notificó a las autoridades educativas locales tras concluir que el modelo de formación castrense en planteles particulares no cuenta con reconocimiento de validez oficial dentro del Sistema Educativo Nacional.
En días posteriores a la notificación oficial, excolaboradores y exestudiantes de la institución difundieron señalamientos sobre presuntos actos de acoso, violencia física e irregularidades en el funcionamiento interno del centro educativo.
La revisión de las normativas operativas en escuelas particulares inició tras la muerte de la estudiante Dafne Zapata, de 13 años, ocurrida durante un campamento de verano de un plantel privado en Ciudad Madero, Tamaulipas.
El acontecimiento motivó una inspección por parte de las autoridades federales, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, para verificar la legalidad de las escuelas que ofrecen instrucción militar a menores de edad.
Las investigaciones determinaron que la Constitución General y la Ley General de Educación no facultan a empresas o particulares para impartir programas de enseñanza bajo esquemas castrenses.
Publicaciones en medios de comunicación y redes sociales expusieron denuncias presentadas por exalumnos del plantel, quienes señalaron castigos corporales, malos tratos e inconsistencias en la expedición de licencias técnicas.
La Secretaría de Educación Pública y la autoridad educativa estatal llevarán a cabo el proceso de reubicación de los estudiantes en escuelas públicas o privadas regulares antes del inicio de clases.
Las dependencias gubernamentales reiteraron el llamado a los padres de familia a consultar los registros de validez oficial de las instituciones particulares, con el propósito de asegurar que los centros escolares cumplan con las normativas destinadas a garantizar la seguridad y los derechos de los alumnos.
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