Iniciativa de ley en Veracruz plantea penas de prisión por denuncias falsas a docentes
Proponen prisión por denuncias
falsas a docentes
Protección Escolar- Xapala, Veracruz. 28 -julio- 2026. El diputado local y secretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, José Reveriano Marín Hernández, presentó una iniciativa de ley busca modificar el Código Penal y la Ley de Educación de la entidad para tipificar como delito la formulación de denuncias falsas contra docentes.
La propuesta busca modificar el Código Penal y la Ley de Educación de la entidad para tipificar como delito la formulación de denuncias falsas de manera dolosa contra docentes, directivos y personal de apoyo en planteles educativos. De ser aprobada, la sanción contemplada iría de cuatro a nueve años de prisión, además de multas económicas que oscilan entre 100 y 500 días de salario mínimo.
La medida responde al incremento de reportes presentados dentro del sistema escolar que carecen de sustento probatorio tras las investigaciones administrativas y penales.
De acuerdo con los promoventes de la iniciativa, diversas acusaciones formuladas en el entorno educativo nacional y local han generado afectaciones profesionales, laborales y de salud mental al personal de las escuelas, resultando posteriormente desestimadas.
Ante esta situación, organizaciones sindicales magisteriales han manifestado su apoyo a la iniciativa, mientras que grupos de representación de padres de familia expresaron su postura en contra, argumentando que la penalización de las denuncias podría inhibir los reportes sobre posibles faltas o violencia al interior de las aulas.
La iniciativa plantea la adición del artículo 333 Bis al Código Penal del Estado de Veracruz para sancionar a quienes presenten quejas no verídicas ante autoridades judiciales, administrativas o de supervisión escolar.
La modificación a la Ley de Educación busca establecer protocolos que garanticen el debido proceso de los trabajadores acusados, permitiéndoles la presentación de pruebas antes de la aplicación de medidas precautorias en los planteles.
Por su parte, los representantes de los padres de familia solicitaron privilegiar la aplicación de la Ley 303 de Prevención y Atención del Acoso Escolar, enfocada en el interés superior de la niñez, para evitar limitar el derecho de los tutores a señalar irregularidades en las instituciones de enseñanza.
La propuesta legislativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y de Educación y Cultura del Congreso local.
Ambas comisiones dictaminarán la iniciativa para posteriormente someterla a debate y votación en el pleno, donde se definirá la actualización de los marcos normativos que rigen la convivencia e interacción entre las comunidades escolares de la entidad.
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